La primera semana de labores de la Asamblea ha estado dedicada al debate de su reglamento interno. Es inevitable que así sea, ya que todo órgano colectivo debe contar con reglas claras para organizar su trabajo. El reglamento debe definir los procedimientos para los debates y la manera en que se tomarán las decisiones, además debe establecer las medidas disciplinarias para regir la conducta de sus integrantes. Es, en términos deportivos, el trazado de la cancha y la definición de las reglas del juego.
Hasta ahí todo bien. Pero si vemos lo que se discutió en las últimas horas encontraremos que la Asamblea fue más allá de esa forma de entender al reglamento interno y entró en conflicto con lo establecido en el estatuto que dio vida a la propia Asamblea. Me refiero a la propuesta que han hecho algunos asambleístas del grupo gubernamental para incluir en el reglamento las disposiciones acerca del referéndum que se deberá realizar para aprobar o negar el nuevo texto constitucional. Ellos han propuesto que ese referéndum se defina exclusivamente por los votos válidos y no por el total de votantes.
En mi opinión en esto hay dos problemas de fondo. El primero es que el reglamento no tiene porqué tratar este tema. Es un reglamento interno, que debe normar el funcionamiento de la Asamblea, pero que no debe ir un solo paso más allá. Al incluir el tema de la forma de contar los votos en el referéndum está excediendo el carácter de ese reglamento y está sustituyendo al estatuto.
El segundo problema es que el estatuto establece claramente que se contarán todos los votos emitidos (favorables, en contra, nulos y blancos). En el reglamento, por el contrario, se propone contar solamente los válidos (favorables y en contra), lo que puede tener efectos decisivos en términos del resultado.
El tema de fondo en todo esto es que el pueblo ecuatoriano aprobó el estatuto de manera directa, en el referéndum del 15 de abril. Por tanto, lo que está escrito en él constituye la expresión de la voluntad popular. Si se lo cambia, como se ha pretendido en estos días, se estaría desconociendo esa decisión soberana del pueblo. Además, se lo estaría haciendo con un instrumento jurídico de inferior categoría, ya que el estatuto está por encima del reglamento.
A mí me parece un mal comienzo.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
3 comentarios:
Don Simón:
No entiendo porqué esa miopía de nuestros políticos, de una u otra tendencia. hay un refrán muy sabio que es importante traerlo a colación: "no hay mas ciego que el que no quiere ver". Esta reflección la realizo porque desde que recuerdo, estos señores que son electos por el soberano, en su momento, cuando creen que tienen poder para ello, desconocen sin fijarse en las consecuencias, los límites de su poder, límites que el pueblo les impuso, y que lo han violado sistemáticamente, y que en su momento el propio pueblo, sintiéndose burlado toma medidas para sancionar esto: cuando nuestros políticos violaron la voluntad ciudadana y nombraron "por esta sola vez" a una Corte Suprema de Justicia super politizada que debía durar de por vida, luego nombraron un Presidente Interino, luego tumbaron presidentes, etc, etc, luego el Pueblo sabiamente tomó medidas, nombró una Asamblea Constituyente con un estatuto y límites, sin embargo, esto otra vez pretente ser violentado, por los constutuyentes. Debemos recordarles Don Simón, que el Soberano sabrá a su debido tiempo juzgar una vez más con la sabiduría de siempre, y volverá a poner en su debido andaribel a quienes pretenden burlarlo, esto hay que recordarles a nuestros asambleístas.
Gracias Don Simón.
Guayaquil, 11 de Diciembre de 2007.
Dictadura o la nueva partidocracia
Cuando, en Quito, se reunieron el ingeniero León Febres Cordero y varios jueces de la Corte Suprema de Justicia, con sobrada razón muchas personas protestaron porque es inaceptable siquiera un atisbo de injerencia política en las instituciones de justicia.
El coronel Lucio Gutiérrez, durante su mandato, mediante la fuerza pública se apoderó de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional. Lo que también motivó la repulsa de muchas personas, inclusive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya admitió la denuncia presentada por los jueces. Para ese entonces, el doctor Gustavo Jalkh Röben, abogado especializado en Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, publicó el artículo “Justicia de facto no es justicia” donde demostró las aberraciones jurídicas en que se “sustentó” el coronel presidente y sentenció “La captura del Poder Judicial es una característica de los regímenes autoritarios, por esta razón el Estado de Derecho reclama instituciones fuertes y poderes judiciales independientes”.
Hace pocos días los asambleístas del gobierno, de manera ilegal, basados únicamente en la fuerza destituyeron al Ministro Fiscal General de la Nación, quien había sido designado mediante un proceso establecido en la Constitución, y lo reemplazaron con un amigo del presidente Rafael Correa. De similar manera removieron al Superintendente de Bancos. En ambos casos la persona designada fue elegida “a dedo”; una vez más los políticos pisotearon la Constitución vigente.
El doctor Gustavo Jalkh, que desde el 14 de Noviembre es el titular del flamante Ministerio de Justicia, en el artículo reseñado, propuso una medida que resultó efectiva para superar el secuestro total del poder que se vislumbra venir, recomendó “Hoy más que nunca los ciudadanos y ciudadanas deben manifestar su vocación democrática, deben participar en la denuncia de la violación de nuestra carta fundamental de convivencia que es la Constitución... ¿Quién nos impone esta justicia de facto? ¿Quién aniquila nuestra condición de ciudadanos? La respuesta es en principio sencilla: quienes tienen la fuerza ilegítima para hacerlo. Pero en un Estado de Derecho la fuerza está sometida al Derecho, y sólo es fuerza legítima si contiene la fuerza ética del apego al derecho, que le da razón, autoridad moral y legitimidad…Por eso, en estos momentos críticos para las libertades de todos los ciudadanos y ciudadanas es importante repetir en cada espacio de opinión que esté a nuestro alcance esta frase de Gandhi: “más atroz que las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena””.
Considero en estos momentos vivimos bajo un régimen dictatorial que no busca instaurar un cambio de sistema político sino un cambio de “dueño del poder”. Las resoluciones de la Asamblea Constituyente donde desconocen el Reglamento de funcionamiento aprobado por los ecuatorianos, y establecen que no se someterán a la Constitución cuando no lo consideren pertinente, lo demuestran. El gobierno tiene los votos suficientes para aprobar una nueva Constitución sin necesidad de romper la vigente, sin proceder igual que la partidocracia, pero lo están haciendo, la única razón, según mi criterio, es porque solamente los motiva captar poder y no un real cambio de sistema, ya que esto último exige renunciación.
Entonces, no guardemos silencio ante los abusos de poder de los asambleístas del gobierno, sigamos el consejo del doctor Gustavo Jalkh.
www.elnico1962.spaces.live.com
Toda Asamblea Constituyente exhibe rispideces y contradicciones, incluso, aunque menos, cuando nace del consenso entre los poderes fácticos, entre los dueños de la riqueza y el poder. No siendo éste el caso, siendo, por el contrario, la iniciativa de Constituyente parte del proyecto de transformación que encabeza el compañero Rafael Correa, enfrentado felizmente a los garantes del statu quo, la Asamblea y su relación con los poderes tradicionales del Ecuador no puede sino ser el escenario de una disputa y de unos conflictos que van más allá de las formalidades en las que esos mismos poderes tratarán de poner escollos y abrir grietas.
Ojalá que Acuerdo País y su liderazgo no caigan en las trampas de darle argumentos fáciles a una oposición sedienta de venganza y relegitimación.
Gracias,
Hans Paredes Hinojosa
Publicar un comentario